DOS PRESUNTOS ASESINOS MASIVOS DE ANIMALES QUEDAN SIN JUZGAR POR UN ERROR JUDICIAL

J.L.F.S., administrador de la empresa MAIKAN S.L. y F.J.B.U.,  administrador de la empresa VETMOVIL, S.L. y veterinario encargado en la empresa RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente S.L., investigados ambos por delitos de maltrato masivo de animales e intrusismo profesional ante el Juzgado de Instrucción nº 40 de Madrid, quedarán sin ser juzgados, pese a haber concluido el Ministerio Fiscal y el propio Juez del caso, en su Auto nº 1664/2019, de 24 de septiembre de 2019 que “de las actuaciones practicadas resultan acreditados múltiples hechos ocurridos entre el 01 de julio de 2015 y finales de ese mismo año, que indiciariamente presentan caracteres de delitos relativos a la protección de los animales domésticos”.

A pesar de ser ésta la opinión del titular del Juzgado de Instrucción, la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, tras su Auto de fecha 25 de febrero de 2021, no ha dejado otra opción al Juez de Instrucción que el sobreseimiento de los dos presuntos maltratadores, ya que según la Audiencia Provincial, las declaraciones de los investigados se produjeron concluido el plazo de instrucción, sin que el Juzgador hubiese prorrogado la causa en el plazo legal. Así , sostiene la Audiencia que “De esta forma, el auto en el que se acordó declarar compleja la instrucción de la causa, dictado el 13 de diciembre de 2018(f 1458), se dictó ya fuera de dicho plazo, por lo que no pudo prorrogarlo…..””

Todo se remonta al año 2017. Tras una denuncia interpuesta por la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), la Fiscalía de Madrid ordena al cuerpo especializado del SEPRONA investigar los hechos ocurridos desde el año 2013, en las instalaciones de Maikán, sitas en el municipio madrileño de Talamanca del Jarama, así como otros hechos, todos relacionados con la recogida de animales abandonados realizadas por las empresas gestionadas por ambos investigados.

Tras una ardua labor de investigación por parte del Seprona, tanto éste cuerpo como el Ministerio Fiscal concluyen la existencia de sobrados indicios de maltrato animal e intrusismo profesional.

Desde el año 2013 al año 2017, tanto el administrador de Maikán como el veterinario de Vetmovil y Recolte Servicios y Medio Ambiente S.L., se dedicaron presuntamente a maltratar de manera contínua, con ensañamiento e interés lucrativo, a cientos de animales abandonados, provenientes de más de 10 municipios. Los animales no eran alimentados ni se les suministraba comida, llegando en el caso de los gatos a comerse los unos a los otros. Así, los testigos han llegado a relatar que los animales “estaban mejor muertos que en ese centro”. Un extrabajador relata lo siguiente: “………….recuerdo cómo una gata llega al centro con las patas traseras rotas, y estuvo en un transportín sin ninguna atención de ninguna clase, hasta que murió”, “era habitual tener que recoger restos de cadáveres de gatos, porque se comían entre ellos por falta de alimentación”.

Asimismo, el veterinario FJ.B.U., profesor en la Universidad de ALFONSO X EL SABIO, llevaba auxiliares sin conocimiento veterinario alguno, a sacrificar masivamente a los animales al centro MAIKÁN, los cuales morían entre terribles dolores, ya que no se les suministraba el eutanásico para su peso ni de manera adecuada, ni se les realizaba una sedación previa. Así, relata un extrabajador que: ”……………algunos tardaban hasta diez minutos, y morían con grandes temblores y convulsiones”. Solo en el año 2017, Recolte Servicios y Medio Ambiente S.L., se deshizo de más de 7.000 kilos de cadáveres en los vertederos, según el atestado del SEPRONA incorporado a la causa.

Tras la fase de Instrucción, el Juez de Instrucción concluyó en su Auto de fecha 24 de septiembre de 2019, que de las actuaciones practicadas resultaban acreditados múltiples hechos que indiciariamente presentan caracteres de delitos relativos a la protección de los animales domésticos, y que debían ser juzgados en la vía penal.

Así, recoge en su Auto que los investigados “consciente e intencionadamente, estuvieron dejando de atender necesidades vitales de alimento de múltiples perros y gatos recogidos en los términos municipales de Ayuntamientos con los que tenían concertada la recogida y alojamiento de animales extraviados, abandonados o vagabundos, especialmente de los no identificados, matando a muchos de ellos en cuanto podían tenerlos por abandonados legalmente, mediante practica de eutanasias no indicadas ni supervisadas por veterinario y por razones ajenas a estricto motivos de sanidad animal.”

El Ministerio Fiscal presentó una solicitud de 18 meses de cárcel, para ambos investigados, y 15 meses de cárcel para las auxiliares de ATV.

Sin embargo, tras un recurso presentado por uno de los investigados, la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid, pone de manifiesto un error formal en el procedimiento. Según ésta Audiencia Provincial, las declaraciones de los investigados se produjeron superado el límite de los seis meses de la investigación, y por lo tanto son consideradas inválidas. Sin que los investigados hayan prestado una declaración válida, y no pudiendo subsanar éste error ya que el plazo de la Instrucción ha terminado, solamente queda la opción del sobreseimiento provisional de los investigados, según palabras de la propia Audiencia Provincial.

Los investigados quedarán sin ser juzgados, pese al convencimiento del Juzgador y Ministerio Fiscal de su culpabilidad. Un mero error formal dejará sin juzgar el maltrato continuado y muerte dolorosa de cientos de animales, en los centros que ambos investigados mantenían, especialmente en el de Maikán, sito en el municipio de Talamanca del Jarama.

Desgraciadamente, esta resolución deja indefensos a cientos de animales, que continúan bajo los “no cuidados” de éstas dos empresas, dado que pese a estar siendo investigados  por éstos hechos tan graves, existen Ayuntamientos que continuaban y continúan teniendo a éstas empresas contratadas para los servicios de recogida de animales abandonados. Éstos Ayuntamientos, pese a conocer a la perfección los extensos atestados del Seprona, y las conclusiones, tanto de la Fiscalía como del Juez de Instrucción, continuaron y algunos continúan manteniendo sus contratos con éstas empresas. Su justificación: que “aún no han sido juzgados”.

Desde la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), nos preguntamos si en una escuela o residencia de ancianos se mantendrían contratados presuntos violadores de menores o asesinos de ancianos, pese a no haber sido juzgados aún, si bien creemos que la respuesta es obvia.

Los animales abandonados de los municipios de Arganda del Rey, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, El Molar y Algete, seguirán bajo el yugo de éstas empresas, debido a la incompetencia de un sistema, que no es capaz de ayudar a éstos seres indefensos, y debido a la falta de sensibilidad y empatía de los dirigentes de éstos municipios.

 #StopMaltratoAnimal

 

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